CARCELES, LA PANDEMIA QUE AZOTA A LOS REOS

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“La pandemia entró al centro, ellos van a optar por encerrarnos y nos moriremos”, señaló Rey, un privado de libertad de la Nueva Joya, centro penitenciario localizado en la ciudad de Panamá, donde se detectaron inicialmente al admitirse los contagios en las cárceles, 353 positivos por COVID-19.

Rey es solo una de las voces de los más de 17,893 detenidos en las cárceles panameñas, las cuales han sido azotadas por la pandemia.

Sus palabras se estremecen como las celdas de su encierro, cuando cae la noche en el complejo penitenciario La Joya, La Joyita y la Nueva Joya conocida como “la mega”, donde los detenidos gritan auxilio por sus compañeros contagiados, que son llevados en carretillas a medio respirar, fiebres altas, dolores de cabeza, síntomas de la enfermedad para ser atendidos de urgencia.

“La idea es sobrevivir, pero somos como animales para los gobiernos”, Rey.

El privado de libertad quien en el pabellón donde permanece confinado no tuvo síntomas, si tuvo a dos compañeros aislados con COVID-19.

En la Nueva Joya hay 4,475 detenidos en celdas de máxima seguridad, el hacinamiento ha hecho que el virus se propagara. La salud de todos está comprometida para los que padecen enfermedades crónicas y el miedo ha azotado a los hombres de ese lugar que tienen tanta incertidumbre del virus, que ahora es su enemigo.

El aislamiento preventivo en las cárceles viene a convertirse en un castigo que deben sobrellevar los detenidos que cumplen una condena o están en procesos judiciales, sostiene la Cruz Roja Internacional (CICR), quienes en el 2020, hicieron un trabajo de acompañamiento en las cárceles panameñas frente al COVID-19.

"Tal vez esto logre que la gente tome conciencia real de lo que significa el encierro. Y que cuando hablamos del derecho a la salud, a las visitas familiares, a la comida... no son lujos sino derechos. La persona ya ha perdido su libertad", reflexiona el jefe de la delegación regional del CICR en Panamá, Giuseppe Renda en una publicación de la institución.

Desde el anuncio de los primeros casos de COVID-19 en el 2020 en los centros penales en el mes de abril, realizado por las autoridades de salud y penitenciarías, la Defensoría del Pueblo hizo un informe con hallazgos relevantes en centros penales de las provincias de Panamá y Coclé, además de centros de aislamientos y la Clínica Virgen de la Merced ubicada en el Complejo La Joya.

El CICR comunicó que brindó asesoramiento técnico a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y a la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento (OIM) para la habilitación de un área de triage y cuarentena del Centro Médico Virgen de la Merced, que atiende al complejo de La Joya y La Joyita”.

Estos serían métodos para apaciguar la reacción frente al COVID-19. Debido a que policías, custodios, administrativos y detenidos han sufrido contagios, en al menos una cárcel del país.

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Hacinamiento

El hacinamiento es el gran mal de las cárceles latinoamericanas para Randa de la CICR, es el común denominador del contagio y en el caso de los centros penitenciarios, las dificultades de cumplir con las dos reglas básicas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado como esenciales, son la higiene y el distanciamiento físico, lo que representan un desafío extraordinario.

El panorama en ese momento para la Defensoría del Pueblo panameño en cuanto al distanciamiento físico era una de las preocupaciones, los detenidos estaban dentro de algunas celdas en espacios reducidos, en algunos casos, había hasta 3 privados de libertad, y en ellas, celdas con colchones en el suelo, lo cual se pudo constituir en “malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes”.

No fue el único problema, a ello se le sumó el agua potable, la cuál es escasea en zonas carcelarias.

Un informe denominado Injusticia y Desigualdad en las cárceles de estudiantes de la Clínica Internacional de Derechos Humanos del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard indican que, desde el 2007 este es un problema que se ha venido agravando.

Especificaron que un requisito legislativo fundamental establece que: “Los internos deberán tener agua potable a su disposición las 24 horas del día”. Asimismo los estándares internacionales indican que: “Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite”.

Los estudiantes de Harvard expusieron que la realidad en los centros penitenciarios panameños se encuentra en pleno conflicto tanto con la legislación nacional como con los estándares internacionales, ya que la falta de provisión de agua potable apta para el consumo humano y de una forma continua es el común denominador de la mayoría de los centros. La queja más recurrente ocurrió en los centros La Joya y La Joyita, la cual fue sin duda la falta de agua y su mala calidad.

Autogobierno y falta de protocolos

Un denominado “autogobierno” en las cárceles panameñas que impera a lo interno, no ha permitido que reos acudan a consultas por enfermedades crónicas.

“Autogobierno” es considerado el control de grupos de pandillas en las cárceles, en las divisiones de los pabellones y que se sitúan por áreas geográficas dependiendo de su organización; esto trae consigo prebendas para la atención médica, la consecución de alimentos y hechos de corrupción.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo durante su visita a las cárceles recalca que “el incumplimiento de protocolos de protección de privados de libertad de los centros penitenciarios del Complejo La Joya que estaban manipulando alimento sin mascarillas”, pudo haber sido el detonante. Se pidió retirar a los privados de libertad del apoyo de la cocina”, de todos los centros.

Otra de las circunstancias fue la necesaria presencia de un médico permanente y la habilitación de un consultorio que de seguimiento a enfermedades crónicas de privados y privadas de libertad como hipertensión, diabetes, anemia falciforme, TBC, así como el seguimiento a los casos de COVID-19.

Existieron causas estructurales que propiciaron los contagios en las cárceles panameñas, donde se comprometió el sistema de salud, la falta de hisopados generales a la comunidad penitenciaria, falta de fondos para programas y acciones preventivas y la existencia de poblaciones vulnerables que están bajo el amparo del Estado.

La alimentación viene a ser una de esas débiles cadenas de problemas, las quejas no se hicieron esperar, en el centro penitenciario de Penonomé, provincia de Coclé, manifestaban los internos que las condiciones de la alimentación en el centro son deficientes ya que en ocasiones los alimentos están crudos, “llegan fríos y podridos”, igual inquietud mostraron los detenidos del centro de Transición de Pacora donde se ha creado un área de aislamiento por COVID-19.

Rey, al ser entrevistado insistió en que “estamos viviendo un momento crítico, el virus entró al centro penitenciario la Mega Joya”.

Para los privados la idea es sobrevivir a la pandemia.

Hasta el 4 de enero de 2020, las cifras de contagios ascendía a 2,852 casos, 2,720 recuperados, 129 casos activos y un total de 6 defunciones. Las visitas de familiares están suspendidas por las nuevas medidas de cuarentena en enero de 2021.

*El reportaje a profundidad que hoy revelamos, formó parte del trabajo periodístico colaborativo para Connectas.org denominado #Huellasdelapandemia “Virus Sin Barrotes” en el 2020, dirigido a revelar la situación en las cárceles latinoamericanas, donde trabajamos alrededor de 6 periodistas, de un equipo de 30 que conformamos para relatar diversas historias.